La soberanía digital promete control y seguridad. Sin embargo, su implementación enfrenta tensiones entre autonomía tecnológica, intereses económicos y marcos legales insuficientes.
En un mundo hiperconectado, la información se ha convertido en el principal activo estratégico de naciones, empresas y ciudadanos. Controlar su flujo, almacenamiento y procesamiento ya no es solo una cuestión técnica, sino un tema de poder, seguridad y autonomía. Por esto, qué vemos frente a la Soberanía digital: ¿independencia tecnológica o espejismo político?
El término soberanía digital alude a la capacidad de un Estado para ejercer control efectivo sobre sus datos, infraestructura tecnológica y flujos de información. Todo con el fin de evitar dependencias críticas frente a actores externos. Aunque el concepto no es nuevo, su relevancia se ha multiplicado con la expansión de servicios en la nube, la inteligencia artificial y las tensiones geopolíticas.
De acuerdo con el Foro Económico Mundial, “La soberanía digital, cibernética, tecnológica y la de los datos se refieren a la capacidad de tener control sobre el propio destino digital: los datos, el hardware y el software de los que dependemos y que creamos”.
En América Latina, y particularmente en Colombia, el debate ha pasado de lo académico a lo político. Los gobiernos buscan equilibrar el acceso a tecnología global con la protección de datos y la reducción de riesgos estratégicos.
Marco internacional: entre la cooperación y la competencia
En Europa, la soberanía digital se asocia con proyectos como GAIA-X, una nube federada que busca reducir la dependencia de gigantes tecnológicos estadounidenses y chinos.
La Unión Europea ha desarrollado regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR para fortalecer el control sobre datos personales, imponiendo obligaciones estrictas a empresas extranjeras que operan en su territorio.
En contraste, en Asia se observan modelos más centralizados. Un ejemplo es el enfoque de China, que combina leyes estrictas de ciberseguridad con un ecosistema digital mayormente controlado por empresas locales. Esto ha permitido a China desarrollar una industria tecnológica robusta, pero también ha generado críticas por restricciones a la libertad digital.
América Latina: avances desiguales y riesgos comunes
Al respecto, Edwin Tello, presidente de Acoldc, la Asociación Colombiana de Centros de Datos y Tecnología de Datos, “La Soberanía Digital es un tema cada vez más estratégico para los países. Vemos con buenos ojos que los gobiernos de la región avancen en políticas que reconozcan la importancia de la infraestructura digital como un activo crítico”.
La región muestra un mosaico de políticas y niveles de madurez tecnológica.
Brasil ha dado pasos importantes con su Ley General de Protección de Datos y planes para infraestructura de nube pública soberana. Por su parte, México ha impulsado debates sobre almacenamiento de datos en territorio nacional, aunque sin regulaciones vinculantes claras.
En países más pequeños, la falta de recursos y capacidades técnicas limita la implementación de estrategias de soberanía digital. Esto genera dependencia de proveedores extranjeros y vulnerabilidad frente a ciberataques o presiones comerciales.
Un riesgo común en la región es que las iniciativas quedan atrapadas en debates políticos sin continuidad entre administraciones. Ello frena inversiones, debilita la confianza empresarial y deja brechas abiertas en ciberseguridad.
La tensión entre el sector privado y los gobiernos
Para las empresas tecnológicas, las políticas de soberanía digital pueden implicar mayores costos, requisitos regulatorios y barreras de entrada. Los gobiernos, por su parte, argumentan que estas medidas son necesarias para proteger información crítica y garantizar autonomía estratégica. Soberanía digital: ¿independencia tecnológica o espejismo?
El desafío radica en encontrar un equilibrio:
- Una política demasiado restrictiva puede ahuyentar inversión extranjera y frenar innovación.
- Una política demasiado laxa puede dejar expuestos datos sensibles y comprometer la seguridad nacional.
“La evolución ha sido positiva, en la medida en que se promueve un mayor entendimiento de la necesidad de proteger los datos y garantizar la disponibilidad de los servicios. Desde la industria, consideramos clave que estas medidas se mantengan abiertas a la innovación, que se construyan con la participación de los diferentes actores y que fortalezcan la competitividad tecnológica de la región”, afirma Tello.
Ciberseguridad como pilar de la soberanía digital
Sin una infraestructura robusta de ciberseguridad, cualquier discurso sobre soberanía digital se convierte en un ejercicio retórico. La protección de datos, la detección de amenazas y la respuesta rápida ante incidentes son esenciales para sostener el control tecnológico.
Los ataques de ransomware a entidades estatales y privadas en América Latina han demostrado que las vulnerabilidades pueden paralizar servicios críticos y generar pérdidas millonarias.
Invertir en talento especializado, tecnología defensiva y cooperación internacional resulta indispensable.
Innovación, IA y control de la infraestructura
El desarrollo y uso de inteligencia artificial plantea un dilema central:
Si las plataformas y modelos de IA son controlados por empresas extranjeras, la capacidad de decisión local se reduce.
La soberanía digital también implica tener control sobre centros de datos, redes de telecomunicaciones y servicios en la nube.
Esto no significa aislarse tecnológicamente, sino garantizar que las decisiones clave no dependan exclusivamente de intereses externos.
Escenario colombiano y retos particulares
Colombia enfrenta un panorama mixto.
Por un lado, ha avanzado en leyes de protección de datos y en planes nacionales de transformación digital.
Por otro, sigue altamente dependiente de infraestructura y servicios extranjeros.
Uno de los proyectos más sonados ha sido BioNube, anunciado como un hito para almacenar y procesar datos biométricos en infraestructura estatal. Sin embargo, hasta la fecha no se han evidenciado avances concretos ni resultados operativos, lo que plantea dudas sobre su viabilidad real.
Al respecto, Edwin Tello, presidente de ACOLDC, aclara: “Proyectos como BioNube muestran el interés del país en fortalecer el ecosistema digital local y garantizar que los datos sensibles cuenten con altos estándares de protección. Lo que esperamos como industria es que estas iniciativas se desarrollen con base en criterios de seguridad, interoperabilidad y eficiencia, de modo que se conviertan en habilitadores de investigación, salud, innovación y economía digital. Un proyecto de esta magnitud debe ser un catalizador que impulse la confianza en el manejo de datos a nivel nacional y regional”.
Por lo tanto, el país también enfrenta retos en ciberseguridad, como lo evidencian recientes incidentes en entidades públicas. Además, el debate político sobre la localización de datos aún carece de consensos técnicos y jurídicos.
De esta forma, la falta de una estrategia de largo plazo que trascienda gobiernos podría dejar a Colombia en una posición vulnerable, especialmente frente a actores con mayor capacidad tecnológica y económica.
Soberanía digital: ¿independencia tecnológica o espejismo?
Tello considera que “Los centros de datos locales son aliados estratégicos en este proceso. Desde ACOLDC creemos que la colaboración se da en varios frentes: En primer lugar, al compartir mejores prácticas en materia de seguridad física, lógica y ciberseguridad”.
“En segundo término, participando en mesas técnicas y gremiales que ayuden a generar regulación clara, práctica y alineada con estándares internacionales”, agrega Tello. “Y finalmente, al adoptar certificaciones reconocidas, que brinden confianza y transparencia sobre el nivel de cumplimiento de cada operación. De esta manera, los centros de datos se convierten en garantes de resiliencia, confianza y sostenibilidad para el ecosistema digital de nuestros países”, concluye el Presidente de la agremiación.
La soberanía digital es un objetivo ambicioso que combina tecnología, regulación y geopolítica. Su implementación exige coherencia, inversión sostenida y diálogo entre el sector público y privado.
En el contexto global, las naciones que logren un balance entre apertura e independencia serán más competitivas y resilientes. En América Latina, y en Colombia en particular, este equilibrio aún está en construcción.
El riesgo es que el concepto se convierta en una bandera política sin resultados tangibles. El desafío es traducir la visión en políticas y proyectos concretos que fortalezcan el control sobre la infraestructura crítica y los datos nacionales.
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Soberanía digital: ¿independencia tecnológica o espejismo?